Después de un constante ir y venir entre ambas partes, The Walt Disney Company ha apelado oficialmente a la primera enmienda en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, argumentando que el gobierno ha mantenido una campaña de abuso gubernamental en contra de la empresa tras oponerse a la propuesta de ley Don’t Say Gay.
La más reciente demanda de Disney complica el de por sí ya difícil roce entre DeSantis y la compañía, en la búsqueda por que los representantes del estado puedan tener control sobre las propiedades de Disney dentro de Florida, y en especial, para asumir el poder de los parques temáticos de Disney World.
¡Te explicamos qué implica la más reciente demanda!
¿Por qué Disney apela a la primera enmienda?
La primera enmienda establece que toda persona moral o física, es libre de profesar cualquier creencia, protegiendo a los ciudadanos con libertad de expresión, libertad de prensa, de formar organizaciones y cediéndoles el derecho de exigir al gobierno una respuesta en caso de cometerse alguna falta.
The Walt Disney Company ha decidido demandar al representante Ron DeSantis y el Gobierno de Florida por violar tal enmienda, explicando que las más recientes medidas tomadas por el mismo, son a modo de represalía por oponerse a votar a favor de la ley Don’t Say Gay.
La iniciativa Don’t Say Gay fue creada en específico por DeSantis, estableciendo que las escuelas dentro del estado tienen prohibido hacer mención a cualquier temática LGBTQ+ dentro de sus instituciones.
Tras lanzarse la iniciativa, se dio a conocer que Disney apoyaba financieramente a diversos políticos detrás de la propuesta, por lo que ante la presión y protestas de sus trabajadores, el entonces CEO Bob Chapek decidió retirar los apoyos monetarios a los involucrados y pronunciarse públicamente contra la iniciativa.
Ahora, en el documento presentado a la Corte, Disney expresó que se encuentra en una “posición comprometida, al haber expresado un punto de vista que al gobernador DeSantis y sus aliados, no les gustó”.
¿DeSantis toma represalias directas contra Disney?
“En Disney sabemos que somos afortunados de contar con los medios para afrontar el abuso del estado”, puntualizó la compañía en su demanda, estableciendo que se mantendrán firmes en su decisión, puesto que “el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a castigar a nadie por expresar sus ideas”.
En respuesta, el vocero del gobernador Ron DeSantis, señaló a Disney por buscar “despojar a los votantes de Florida de su voluntad”.
“Desconocemos cualquier derecho legal que una compañía pueda poseer para operar bajo sus propias reglas, o para mantener privilegios especiales que otras empresas no tienen dentro del Estado.
Esta demanda es otro desafortunado ejemplo de sus esperanzas por despojar a los votantes de Florida de su voluntad, para que puedan seguir operando fuera de los límites impuestos por la ley”.
Taryn Fenske, vocero de Ron DeSantis.
En febrero, el gobernador DeSantis tomó control del recientemente inaugurado “Distrito Central para la Supervisión del Turismo de Florida”. Y aunque en dicho momento, Disney se pronunció “listo para trabajar dentro del nuevo marco de ley”, las hostilidades entre ambas partes comenzaron a escalar rápidamente.
DeSantis asignó a cinco aliados suyos para liderar el distrito, incluyendo al representante del movimiento “parental rights” (el cual se opone a cualquier legislación en favor de la comunidad LGBTQ+).
Las tensiones escalaron luego de que en una junta reciente, se dio a conocer que Disney había desarrollado ya nuevos acuerdos con el distrito previo (el antes llamado Reedy Creek), con los que limitaba los poderes del más reciente Concejo.
¿Una batalla legal absurda?
El caso ha dado muchísimas vueltas desde entonces, con uno de los cambios establecimiento que si bien, Disney y sus propiedades podrían entrar bajo control del gobierno y el nuevo distrito de turismo, entonces la empresa podría limitar el uso de promoción turística de sus marcas, estableciendo multas y cargos por cada que el gobierno utilizara la imagen o hiciera referencia a alguno de los personajes o elementos de Disney World para sus propios fines.
En esa misma junta Disney accedió a entregar sus propiedades al dominio del gobierno, en tanto se cumpliera el plazo establecido por la empresa: es decir, hasta 21 años después de la muerte del último descendiente del Rey Carlos III. Propuesta que aunque suena poco realista —y genuinamente infinita— es una medida de tiempo válida ante la ley.
Por ello, el gobernador DeSantis acusó a Disney de haber tomado la decisión de manera unilateral, invalidando sus deseos y “actuando fuera del marco legal”. Así entonces declaró que el Estado tomaría aún más represalias contra Disney, entre las que señaló “penalizar con impuestos a los hoteles de Disney, construir una prisión estatal al lado del territorio de los parques, tomar control de sus carreteras, etc”.
“Las posibilidades son infinitas” expresó DeSantis al respecto en su última conferencia con la prensa. No obstante, admitió ser consciente de que de continuar con su plan, el gobierno estaría endeudado con Disney por más de $2 mil millones de dólares, al haber sido la empresa la que ha mejorado la infraestructura de los condados aledaños a sus parques.
No obstante, de darle la razón a Ron DeSantis en tal demanda, la ley que considera a las empresas personas como tal podría diluirse por completo, despojando a toda organización de la posibilidad de apelar a las enmiendas de ley de Estados Unidos, y repercutiendo no sólo dentro de Florida, sino en toda la constitución del país.
El cambio implicaría que organizaciones tampoco podrían financiar ya a gobernadores o representantes gubernamentales, ni en campaña ni en el ejercicio de sus labores, puesto que ya no serían considerados entes con capacidades de sostener creencias, rompiendo con la sentencia a favor de Citizens United, donde se marcaba como legal tal acción.
¿Disney seguirá teniendo control sobre sus parques?
La legislatura de Florida estableció que el acuerdo Reedy Creek de 1967, le daba a la mesa directiva de Disney poder sobre uso de tierra, utilidades, y desarrollo de infraestructura sobre un terreno de casi 65 kilómetros cuadrados. El acuerdo le da poder a Disney World, EPCOT y otros parques temáticos de Orlando de utilizar sus propios impuestos para mejoras internas del lugar.
La sustitución del distrito Reedy Creek pretende que ya no sea Disney quien maneje sus propias finanzas y asignación de recursos e impuestos, sino el gobierno de Florida, el cual busca también inmiscuirse en evaluaciones y supervisiones para encontrar irregularidades en el manejo de sus hoteles y parques.
En la demanda, Disney exige la reestructuración del distrito Reedy Creek, con el cual se había acordado una inversión de $17 mil millones de dólares en la próxima década, y con la que la empresa generaría alrededor de 13,000 empleos nuevos.
“Disney nunca ha querido una pelea con el gobierno de Florida” declaró la empresa, “La compañía ha buscado desescalar el problema por más de un año ya, apelando a un diálogo con la administración DeSantis, pero ante las negativas, no hay más opción que proceder legalmente”.
La corte aún está pendiente por aprobar la demanda, aunque de autorizarse, el conflicto entre ambas partes podría resolverse de una vez por todas ante un jurado que falle en favor de alguna u otra parte.
