En febrero, la casa de Representantes de Florida aprobó una ley con la cual pretende controlar los términos especiales de impuestos de Disney World, después de décadas de que el parque contara con una auto-regulación, fungiendo casi como un Estado independiente y reinvirtiendo lo obtenido por impuestos en servicios para los parques.
No obstante, de acuerdo al Orlando Sentinel, la mesa directiva de Disney ejecutó un movimiento final justo antes de que el cambio de ley se hiciera oficial (o sea, sacó una carta trampa) nulificando el poder del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida. Y además, el gobierno ya no puede usar la imagen de Disney ni de ninguno de sus personajes para promocionar el turismo en la región.
Pero lo más curioso es que, para lograr tan maravillosa jugada necesitó al ayuda de la realeza británica, ¡Te explicamos a detalle lo que implica para el conflicto con Disney World y el gobierno de Florida!
¿Qué tiene que ver el Rey Carlos con Disney?
El gobernador Ron DeSantis propuso el cambio a la ley que exige a Disney formar parte de las organizaciones de Florida que responden directamente al gobierno para reportar sus impuestos y ganancias. Esto le pondría fin a la autonomía de la que goza el parque desde su concepción, convirtiéndola en una empresa más que le responde al estado de Florida.
La batalla del gobernador ha sido muy larga, pero Disney World no se iba a ir sin pelear. Resulta que la mesa del distrito de impuestos de Disney ejecutó una orden inmediata para hacer oficial un acuerdo en el que se le permite a la compañía construir proyectos de alta densidad en Florida, además de edificios de cualquier altura y vender o asignar los derechos de propiedad sin necesidad de ser aprobados por la mesa directiva del Distrito de Supervisión de Turismo del estado.
Incluso, prohíbe al mismo utilizar el nombre de Disney o cualquier “personaje reconocible, tales como Mickey Mouse” para la promoción de turismo local, sin que exista una negociación monetaria de por medio.
Lo más curioso del acuerdo, es que estipula una cláusula en la que se dice que su vigencia depende de la vida de los regentes de la realeza británica, ya que el acuerdo será válido “hasta 21 años después de la muerte del último sobreviviente de los descendientes de Carlos III, Rey de Inglaterra”.
Por lo que el Distrito de Supervisión Turística tendría que esperar a que los hijos del Rey Carlos, William y Harry, sus cinco nietos y cualquier otro descendiente después de ellos fallezcan y luego, esperar 21 años para que el acuerdo expire y poder pelear por la autonomía de Disney World.
¿Es un acuerdo legal?
Aunque parece un acuerdo absurdo en términos de tiempo oficiales, en realidad la utilización de tiempos de vida de la Realeza británica se ha utilizado prácticamente desde 1692.
Por lo general, tal definición es vista más en herencias y propiedades privadas, siendo los 21 años post-mortem una estipulación legal para transferir el derecho de propiedad a los receptores, con el fin de que incluso los herederos más jóvenes —beneficiarios menores de edad— alcancen la mayoría de edad para reclamar el derecho.
No obstante, en cuanto a la continuación de la familia real, el acuerdo está prácticamente planeado para marcar una ventana de validez que no expirará nunca.
De acuerdo a una declaración de Disney, “todos los acuerdos entre Disney y el Distrito fueron discutidos y aprobados por adelantado, notificando a los foros públicos con autorización del gobierno de Florida”.
El acuerdo de desarrollo es una forma de bloquear los esfuerzos del gobernador De Santis y su concejo, lo que próximamente podría llevar a una nueva discusión legal en contra de la empresa del ratón.
“Tendremos que arreglárnoslas y corregir esto” comentó Brian Aungst Jr., parte de la mesa de representantes. “Es una subversión de lo solicitado por los votantes, la Legislatura y el gobernador”.
¿Una imposición personal contra Disney?
La disputa legal entre Disney y Florida comenzó hace más de un año cuando tras la presión de sus empleados, el entonces CEO Bob Chapek finalizó la financiación a políticos detrás de la propuesta de ley “Dont’ Say Gay”, la cual frenaba a las instituciones educativas en Florida de abordar temas sobre diversidad sexual en sus programas.
Tal propuesta fue arrojada por el gobernador Ron DeSantis, y la participación de Disney en la misma despertó un gran malestar social, por el que Chapek se pronunció en contra de la propuesta, —no por convicción propia, sino por protestas y huelgas de empleados en todas las divisiones de la compañía.—
El cese de apoyo empujó a DeSantins a poner en marcha un acto que pusiera fin a la auto-gobernación de Disney World, la cual comenzó a ser vigente desde 1967.
A pesar del más reciente acuerdo, Disney no logró mantener todos los derechos que poseía desde entonces, pues la compañía ya no podrá usar sus propios impuestos para cubrir los varios gatos que requieren sus parques.
El punto principal en la nueva ley de DeSantis era obtener un control total de tales impuestos y redirigirlos al estado completo, ya no solo para beneficiar a Disney World. Y aunque tal moción sigue en pie, a cambio la empresa también tiene más poder sobre el Estado de Florida, aislando a su propiedad como parte de un dominio privado por el cual el gobierno tendría que pagar para poder utilizar en promoción turística, además de verse obligado a acceder a la edificación de nuevas propiedades fuera de los límites de Disney World.
Hasta ahora, la ley y acuerdos continúan en proceso de modificación y oficialización, por lo que se esperan nuevas actualizaciones en la materia próximamente.
